Fernando Coloma, superintendente de Valores y Seguros, creó unidades para fiscalizar a auditoras y clasificadoras. Con Hacienda analiza cambios legales. Y sugiere una serie de medidas de autorregulación a las compañías.
Por ahora, las sanciones aplicadas a 12 ex ejecutivos, 10 ex directores, más la sanción a PwC y su socio Luis Alejandro Joignant, son las más numerosas de la historia del organismo fiscalizador. Y Pablo Alcalde -ex gerente general y ex presidente- recibe la sanción más alta en forma individual: 25.000 UF, unos $564 millones.A la par, Coloma destaca que no se han configurado pruebas contra las corredoras de Bolsa, pero eso no impide seguir recibiendo informaciones.
Respecto a los cambios que se realizaran se creo una nueva unidad especial de análisis de auditoras externas, que está en proceso de concurso para siete cargos y a fines de marzo ya tendremos una parte del equipo armado.
También se armo una unidad de análisis sectorial, que supervisará a las clasificadoras de riesgo. Esto antes no se hacía. Con esto se estudiará a los emisores de sectores específicos, lo que permitirá encender luces amarillas cuando se detecten anomalías. Si hay casos que despierten duda, haremos una supervisión y pediremos cuentas a los auditores y las clasificadoras.
Se fiscalizara mas, pero no habrá un fiscalizador en cada empresa, porque eso sería paralizante. El sistema tiene que asignar responsabilidades, y el directorio tiene un rol importante.
La autorregulación permite penetrar la cultura de la empresa más que porque las estén regulando de afuera. Son cosas que se complementan. También sería bueno que se cree una figura tipo «delación compensada», donde la gente anónimamente pueda hacer denuncias ante el directorio.
No se planea subir los montos de las multas en los cambios legales. En el artículo 29 de la Ley de Valores nos permite cambiar la métrica, como lo hicimos ahora, subiendo de las 15.000 UF a un 30% de las operaciones de carácter irregular. El uso de información privilegiada o la entrega de información falsa permiten aplicar esta mayor multa. La ley hoy da cierta flexibilidad. Además, hay otras instancias donde también se pueden aplicar multas, como la justicia penal.
Las sanciones llegan a 5,7 millones de dolares, pero la pérdida de valor de la empresa supera los US$ 1.000 millones. Los daños al mercado pueden ser muy altos, pero la responsabilidad que uno puede asignar depende de las funciones que tenían las personas y el efecto que tuvo el ocultar o entregar información falsa al mercado. Pensar que estas multas deben agotar el daño que provocaron es no entender que aquí hay varias capas también. Una de ellas va por la arista penal, hay capa o responsabilidades que después se encauzan a través de los juzgados civiles y otra es la que sanciona el punto de vista administrativo por parte de la SVS.
Si una persona demuestra que no tiene participación, podría reducir su multa. De hecho dos personas.
